Retos y aciertos en estos 10 años de paz

Apreciados lectores, el pasado viernes 02 de octubre se cumplieron 10 años del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en el país. En tal sentido, quiero esbozar algunas reflexiones al respecto, para observar cómo nos ha ido en esta década, qué estuvo acertado, qué no estuvo apropiado y qué podemos aprender para el futuro.

En primer lugar, un poco de contexto histórico.

Colombia llegó al año 2012 con más de medio siglo de conflicto armado interno y con una larga lista de intentos fallidos por alcanzar una salida negociada con la FARC-EP. Después de una fase exploratoria, el gobierno del presidente Santos y esa guerrilla anunciaron formalmente el inicio de conversaciones, que tendrían como escenario principal La Habana, Cuba.

No obstante, el camino no fue ni fácil ni directo. Mientras en La Isla avanzaban las negociaciones, al interior del país se profundizó una fractura política alrededor de la manera en la que debía terminar el conflicto. Por un lado, para el gobierno del presidente Santos, la negociación representaba la posibilidad de poner fin a la confrontación y abrir una etapa de transformación territorial y política. Colombia, para mi gusto, podía tomar el ejemplo de países como Sudáfrica, Irlanda y España con este tipo de procesos de paz. Por el otro, estaban los críticos, liderados por el presidente Uribe, quienes alegaban la ruptura del Estado de Derecho, el sometimiento del Estado a la subversión y las concesiones excesivas frente a una organización responsable de décadas de violencia. Ambas posturas son muy legítimas.

Gracias a lo anterior fue que comenzaron las campañas del Plebiscito por la Paz. El Plebiscito, de acuerdo con nuestra Constitución y la Ley, es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el Presidente de la República convoca al pueblo para que apoye o rechace una determinada decisión del Ejecutivo que impactará notablemente la vida nacional. Bajo esta figura, fue que el gobierno del presidente Santos le preguntó al pueblo si quería o no que se llevara a cabo el proceso de paz.

Estas campañas se volvieron en auténticas batallas políticas. No había margen para la "tibieza". Rápidamente se nos encasilló a los colombianos en amigos y enemigos de la paz. Había que votar Sí o No. Era blanco o negro. Era una cosa o la otra. En todo caso, el resultado fue estrecho y, para mi gusto, inesperado: el No ganó sobre el Sí, lo que implicaba que el acuerdo no obtuvo el respaldo electoral necesario. Sin embargo, eso no implicó el fin automático del acuerdo, sino que el gobierno se reunió con los promotores del No y recibió propuestas para modificar el acuerdo.

Rápidamente se nos encasilló a los colombianos en amigos y enemigos de la paz. Había que votar Sí o No. Era blanco o negro. Era una cosa o la otra.

Finalmente, el 24 de noviembre del 2016, el Gobierno y las FARC firmaron en el Teatro Colón de la capital el Acuerdo Final. A partir de ello, comenzó su etapa más complicada en mi opinión: su implementación. Y digo complicada porque no dependía única y exclusivamente del gobierno, sino que aquí se involucró a todo el Estado. La agenda permeó al Congreso, al Gobierno, a la Fuerza Pública, a la Rama Judicial, a las víctimas, a la justicia transicional, a las entidades territoriales, etc. Por eso, 10 años después, la discusión ya no puede reducirse única y exclusivamente al plebiscito, sino a lo que hizo todo el aparato estatal para implementar el acuerdo.

Habiendo tenido el breve contexto, pasemos entonces al segundo punto: los aciertos y desaciertos.

Respecto de los aciertos, valoro mucho la finalidad del acuerdo, su intento por impulsar una reforma agraria, el esclarecimiento de la verdad, algunas de las sanciones, la reinserción de algunos excombatientes a la vida civil y el perdón de las víctimas a los victimarios. Gracias a la JEP sabemos, por ejemplo, que durante el conflicto las FARC reclutaron a más de 18.000 niños o que sí hubo ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho del país, que parecen ser más de 7.000. Sin embargo, también he de mencionar los desaciertos, que para mi gusto son las condenas laxas a los exguerrilleros, las demoras en los procesos y la revictimización de personas que sufrieron el conflicto.

Gracias a la JEP sabemos, por ejemplo, que durante el conflicto las FARC reclutaron a más de 18.000 niños o que sí hubo ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho del país, que parecen ser más de 7.000.

Dicho lo anterior, concluyo lo siguiente:

En primer lugar, reconozco la controversia sobre la legitimidad democrática en la consolidación del Acuerdo, pero legitimo su finalidad, porque la paz es un fin superior al que todos y todas deberíamos apostarle. En todo caso, no podemos como colombianos volver a encasillarnos en amigos y enemigos de la paz. Todos los ciudadanos de a pie queremos la paz.

Reconozco la controversia sobre la legitimidad democrática en la consolidación del Acuerdo, pero legitimo su finalidad, porque la paz es un fin superior al que todos y todas deberíamos apostarle.

En segundo lugar, creo que hoy en día hay que ser contundente con quienes aún prefieren el camino de la subversión. Pero debe seguir apostándosele con todo a la paz para nunca más volver a tener conflicto. Eso implica tener la voluntad política para dejar que subsista la JEP (con mayores penas).

En síntesis, para mi gusto, debe haber toda la firmeza frente a quienes aún prefieren la violencia, pero no se pueden reversar los efectos positivos de una salida negociada.